Las políticas públicas y la memoria

Por Iriz Forigua Castillo

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Existe un “algo” que se pide, que como ciudadanos necesitamos para beneficio personal y colectivo, que se exige y que especialmente en Colombia, se necesitan tutelas, marchas y protestas para obtenerlas.  Pero, ¿Qué es ese “algo”? Son políticas públicas, un concepto volátil, mal usado en nuestra sociedad actual, exigido a toda costa por unos, negado por otros, y muy, muy de moda entre los políticos en campaña. 

Las políticas públicas buscan implementar soluciones -en educación, salud, medio ambiente, vivienda, seguridad y más- que sean capaces de resolver problemas específicos; en otras palabras, son las soluciones que garanticen nuestros derechos como ciudadanos. 

En el papel, las políticas  públicas buscan el bienestar de los ciudadanos, pero no garantiza un logro cuantificable (o medianamente eficaz), por lo que en Colombia (el país de los listillos y la mal llamada “malicia indígena”) se convierte en solo retorica que sirve solo para que los políticos en campaña estén a la moda. 

Ahora bien,  las políticas públicas de la memoria (como la mayoría en el país) son casi inexistentes por varias razones, la primera, porque el concepto de memoria es aún reciente en Colombia y por tanto no se tenía conocimiento de ello y segundo por nuestro legado de violencia y malas administraciones a nivel nacional y regional. 

Cuando la violencia se tomó el país para el año 1946 dejó unos códigos policiales restrictivos, severos, represivos que impidieron el desarrollo de unas políticas inclusivas. Luego, con el Frente Nacional, solo se podía pensar en azul o rojo, las posibilidades eran escasas y se podía analizar desde la perspectiva de la emergencia y la inmediatez, más no a largo plazo. 

Para las décadas de los 80 y 90`s no se pensaba en reparar, reconstruir o ver un futuro. Solo se pensaba desde las políticas públicas en mitigar los daños inmediatos y combatir a las guerrillas, al naciente paramilitarismo, al narcotráfico, a la delincuencia común sin importar los daños colaterales. Después de todo esto, cuando al fin el país hizo un esfuerzo por preocuparse por las víctimas del conflicto armado se creó la muy mencionada Ley 147, la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, en la que se daba la esperanza que el Estado pagara la deuda del conflicto con las víctimas. Sin duda un hálito de esperanza y buena voluntad. 

Pero, lastimosamente esa esperanza se ha ido postergando por la burocracia. Primero un papeleo infinito, un registro de victimas lento, que desde el 2011 hasta la fecha, no ha concluido (y más aún por la no finalización del conflicto); un plan de Reparación y atención que de integral tiene poco, y una indemnización escasa, con retorno poco probable a sus tierras sin ninguna protección (las victimas que denuncian son amenazadas, asesinadas o desaparecidas a pesar de estar cobijadas por la Ley 147). 

Entonces, la política pública, de y para las víctimas, se está convirtiendo en más papel, en más ilusión y nada de realidad; solo en memoria escrita, denuncia, museo, y una lucha inagotable de las víctimas y de los investigadores, pero la reparación muy lejos. Finalmente, tenemos la esperanza (característica de los colombianos) que esta política pública llegue a buen puerto y esperamos quesea más ágil que la mayoría que otras políticas públicas de esta nación.