Un ejemplo del porqué la salud en Colombia es un derecho a medias

Por: Karen Rivera Muñoz

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Hablar de discapacidad requiere abarcar un sin número de variables complejas que  reflejan una interacción entre las características del organismo humano y de la sociedad. 

En la actualidad, son muy pocos los países que disponen de mecanismos adecuados para responder a las necesidades de las personas con discapacidades. Como consecuencia de ello, la falta de atención de salud y de servicios de rehabilitación adecuados de estas personas es inferior a las de las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. 

Julián Rivera es un niño colombiano de 13 años de edad, residente del municipio de Funza Cundinamarca. Desde su octavo día de vida padece de autismo, retardo mental, epilepsia focal, falta de visión y control de esfínteres. Cuenta con una Colostomía y requiere de medicamentos como, aripiprazol y carbamazepina, medicamentos de difícil acceso debido a su costo, el primero de aproximadamente de 195.000 y el segundo de 320.000. Su EPS, en este caso Cafam Famisanar, no solventaba ninguno de los medicamentos ya mencionados hasta que la madre optó por poner una tutela. Hace unos días Julián se ha visto afectado, porque su EPS quiere quitarle los beneficios ya obtenidos, además se demora meses en brindarle el servicio de salud requerido. Según Cafam Famisanar, no están autorizados a suplir todas las necesidades de una persona “que tenga la edad que tenga, no va a aprender nada más”. Julián tiene el 85.5% de discapacidad y su salud se va visto deteriorada por la negligencia de dicha EPS. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Cafam Famisanar está cometiendo un doble delito. Me atrevo a afirmar lo anterior, sin ánimo de hacer un juicio de valor, porque, primero la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todas las personas sin importar raza, sexo, situación social, política, económica, condición física o mental; y segundo, porque se debe afrontar de manera eficaz, real y rápida las necesidades en materia de salud de las personas y sobre todo de los niños en condición de discapacidad, ya que es fundamental para el desarrollo y la inclusión de los mismos.  El derecho a la salud hace parte de la segunda generación, aquella que recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Este y otros derechos como el de la educación, el trabajo, la vivienda digna, fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX y tratan de fomentar la igualdad entre las personas, brindando a todos las mismas oportunidades para desarrollar una vida digna. Además, su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas. 

Sin embargo, casos como los de Julián abundan y se ven todos los días en Colombia, un país que tiene un déficit altísimo en materia de salud, educación vivienda digna y otros derechos fundamentales plasmados en el artículo 44 de la Constitución Política de 1991, en donde se afirma que  los derechos fundamentales de los niños son: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, entre otros que no se cumplen por el mal manejo del Estado que hoy en día sigue afectando a la población colombiana y a su desarrollo digno e integral.